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Un análisis sobre el libre mercado, las leyes arancelarias del pasado y el futuro de la industria cafetalera de Puerto Rico.

Por Manuel Cruzado Rodríguez

Puerto Rico es una isla cuya economía depende en gran medida de las importaciones. El café no es la excepción. A pesar de nuestra tradición cafetalera de siglos, la producción agrícola local no puede satisfacer la demanda interna. Importar café es, por tanto, una necesidad, no simplemente una opción.

Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿Por qué debe el Gobierno participar directamente en la importación y comercialización del café cuando la empresa privada tiene la capacidad de desempeñar esa función?

Una ley de hace casi un siglo para una economía moderna

En 1930, el Congreso de Estados Unidos autorizó a Puerto Rico a imponer aranceles a la importación de café. Posteriormente, la Ley Núm. 77 de 1931 estableció el arancel, que el Congreso ratificó en 1934.

Esta legislación respondía a una realidad económica muy distinta de la actual. Su propósito era proteger la producción agrícola local frente al café importado que pudiera desplazar a los caficultores puertorriqueños.

Han pasado más de 90 años. Aunque la legislación ha sido enmendada, su estructura fundamental sigue arraigada en un modelo económico de otra época.

¿No es momento de examinar si este sistema todavía sirve a los intereses económicos de Puerto Rico?

Cuando el Gobierno es regulador y comerciante

A través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), el Gobierno de Puerto Rico participa en la compra y comercialización del café, mientras conserva autoridad sobre aspectos importantes del marco regulatorio de la industria.

Esto crea una tensión fundamental: el mismo Gobierno que establece las reglas también participa en el mercado.

Más importante aún, debemos examinar si las importaciones de café del Gobierno reciben un trato arancelario distinto al de las importaciones realizadas por empresas privadas.

Si el Congreso autorizó un arancel y posteriormente ratificó su aplicación para proteger la agricultura local, ¿bajo qué fundamento legal podría el Gobierno importar café sin asumir los mismos aranceles que se imponen a los importadores privados?

Es esencial determinar si existe una exención legal, cómo opera y qué efecto tiene sobre la competencia. Una exención autorizada por ley no constituye necesariamente evasión arancelaria, pero puede crear ventajas económicas que merecen ser examinadas.

¿Protección agrícola o dependencia comercial?

El Gobierno tiene una responsabilidad legítima de apoyar y promover la agricultura puertorriqueña. Nuestros caficultores enfrentan altos costos de producción, escasez de mano de obra y desafíos operacionales significativos.

Sin embargo, proteger a los agricultores no debería requerir restringir la libertad comercial de los torrefactores.

¿Por qué las empresas privadas no deberían tener acceso a los mercados internacionales en condiciones competitivas, negociar directamente con suplidores y desarrollar sus operaciones sin depender de una estructura de abastos controlada por el Gobierno?

Un sistema de libre mercado debidamente regulado podría fomentar una mayor competencia, diversificar las fuentes de abasto y crear nuevas oportunidades para la industria.

La protección agrícola también puede lograrse mediante incentivos directos a la producción, mejoras en productividad y programas que promuevan la compra de café cultivado localmente, en lugar de depender exclusivamente de barreras arancelarias.

¿Son estas prácticas comerciales desleales?

Cuando el Gobierno actúa simultáneamente como regulador y participante comercial, surgen preocupaciones legítimas sobre la igualdad de condiciones para competir.

¿Es justo que las empresas privadas compitan con una entidad gubernamental que pudiera disfrutar de trato preferencial, o que dependan comercialmente de ella?

Determinar si existen prácticas comerciales desleales requiere examinar las leyes aplicables, las posibles exenciones y los efectos medibles sobre la competencia. No toda ventaja gubernamental es ilegal, pero tampoco toda práctica permitida por ley representa una política económica acertada.

La pregunta no es simplemente si el sistema es legal, sino si es justo, competitivo y beneficioso para Puerto Rico.

¿Mantener el sistema actual o impulsar una reforma?

Puerto Rico necesita caficultores productivos, torrefactores competitivos y consumidores que puedan adquirir café de calidad a precios razonables.

Esta discusión no debe enfrentar a los agricultores con los procesadores de café. Ambos son esenciales para nuestra economía.

Lo que merece evaluarse es si el Gobierno debe continuar desempeñando un papel comercial predominante en las importaciones de café o, en cambio, concentrarse en apoyar la producción agrícola local, hacer cumplir las regulaciones del mercado y garantizar condiciones justas de competencia.

Después de casi un siglo, revisar nuestra legislación arancelaria y el marco de importación de café es una propuesta razonable.

Quizás el verdadero problema no sea que Puerto Rico necesite importar café, sino que seguimos dependiendo de un sistema del siglo pasado para determinar quién puede importarlo y bajo qué condiciones.